¿Es eficiente la Seguridad ciudadana en Chile?

Noticia Nacional

Pese a que la pobreza ha disminuido en Chile, los patrones de su distribución siguen prácticamente idénticos desde hace décadas, ahondando la exclusión social y la segregación espacial, con un florecimiento estructural de grupos sociales marginados, con sus propios códigos, valores y comportamientos, donde la violencia es el recurso más abundante para solucionar problemas. Ello es parte del llamado 'efecto barrio', en que la concentración espacial de la pobreza moldea los mecanismos de socialización, particularmente por un entorno que carece de servicios y autoridad, y que se autorregula.

La crisis institucional del país es envolvente, de tal manera que todos los temas son fríos y urgentes al mismo tiempo, y apuntan a la gobernabilidad. No hay agenda política, solo sucesos.

La norma sobre control de identidad de la llamada Agenda Corta Antidelincuencia que acaba de entrar en aplicación, generó un crítico debate acerca de si el país avanza o retrocede en materia de seguridad y concepción criminológica. En parte por esta norma y porque también lleva disposiciones sobre juicio en ausencia y un blindaje legal al accionar de las policías, sin contrapartida de exigencias de eficiencia o de control.

El enfoque criminológico del Estado hace rato está contaminado de cifras y datos poco fiables. Lo que se denomina alza evidente de la delincuencia, además de histeria, solo provoca legislar al bulto y para la galería. La mano dura, antes que resultar de una evaluación seria de la eficiencia de mecanismos e instituciones, es una intuición populista de que el crimen debe pagar, y no la búsqueda de acciones antidelictivas más eficaces.

No es la primera vez que un debate de esta naturaleza ocurre o que queda en evidencia que la política, cualquiera sea su orientación doctrinaria, carece de visión estratégica en materia de seguridad. Ella no es capaz de captar la eficiencia de los mecanismos y la institucionalidad necesaria.

El problema es de larga data, aunque ahora es parte de la crisis global. Salvo en casos graves vinculados a alarma pública o estabilidad política, como el asesinato del senador UDI Jaime Guzmán o el secuestro del hijo del dueño de El Mercurio, siempre han predominado las declaraciones altisonantes sobre nuevos planes, que la inercia burocrática de policías y políticos se encarga de llevar al olvido.

Un momento álgido en el pasado fue el año 2000, cuando Joaquín Lavín casi le gana la elección presidencial a Ricardo Lagos, voceando un mensaje de inseguridad ciudadana. De entonces datan eslóganes como Tolerancia Cero o ventanas rotas (broken windows) y nombres como los de William Braxton o Rudolf Giuliani a manera de nuevos profetas de las ciudades seguras.

El toque de incompetencia y subdesarrollo nunca estuvo ausente de esta política. Ejemplos son el discurso del ex Presidente Ricardo Lagos, quien sostuvo que con la Reforma Procesal Penal “se iba a dar un golpe a la delincuencia”, y el alcalde Lavín, en Santiago, que instaló casetas de observación en el centro para contener la delincuencia.

Nada serio para reformar y modernizar efectivamente a las policías y variar el enfoque criminológico del Estado. Este, hipotecado en delitos de menudencia y en la defensa de la propiedad privada, dejó a un lado la prevención del crimen organizado o los delitos complejos, los que ya amenazan incluso a la política, como evidencia lo de SQM. Los nuevos delitos, la ciudad como espacio seguro, la corrupción y las organizaciones criminales avanzadas, sobre todo en materia económica, quedaron siempre fuera del foco de atención.

Durante el Gobierno de Ricardo Lagos, con expectativa pública, se creó una oficina en La Moneda a cargo de una coronela en retiro de Carabineros. Su accionar pasó inadvertido, como mero capricho presidencial, y nadie se enteró para qué sirvió. En fecha indeterminada sus pocos efectivos pasaron a alimentar administrativamente la Subsecretaría de Prevención del Delito, otro oscuro pozo de ineptitud fiscal.

Michelle Bachelet, en su estilo neocaudillista, ofreció la creación de un Ministerio de la Seguridad, que su base de apoyo político secundó entusiasmada. Conseguido el Gobierno, Bachelet nombró a José Antonio Viera-Gallo como funcionario ad hoc para viabilizar el plan. Este, luego de pocos meses, le informó que era mejor olvidar una ocurrencia contaminada de esteroides populistas, y todo terminó en gestión cero.

No se trata de hacer una historiografía del tema. Pero es útil recordar la errática política desde entonces, para hoy contextualizar lo que se hace. Porque los debates, imputaciones y requerimientos a la política, más allá del lugar común del aumento de penas y controles de identidad, es algo tan viejo como el silencio de los inocentes.

La decisión de algunos parlamentarios del PC de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la norma denominada “detención por sospecha”, como atentatoria a los derechos humanos, era perfectamente legítima y legal, y es una lástima que sus impulsores hayan retrocedido por disciplina gubernamental.

En la doctrina de derechos humanos actualmente imperante en tribunales internacionales, especialmente la Corte Interamericana de Justicia, se aplica el “control de convencionalidad” y el de “responsabilidad del Estado por omisión legislativa”. Ambos principios conllevan, sobre todo el primero, la obligación de todos los órganos internos de un Estado, no solo los judiciales, de no aplicar normas lesivas o contrarias a los derechos humanos que por Convención o Tratado obligan al Estado en cuestión. El control de convencionalidad debiera hacerse a la norma de control de identidad aprobada y permitiría, al menos, ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que esta se pronuncie, no en un juicio, sino como una declaración de mera certeza jurídica.

El caso test del control de convencionalidad fue “Almonacid Arellano contra el Estado de Chile”, sentencia del 2006 de la Corte Interamericana, por la desaparición y asesinato de un militante comunista.

La reacción destemplada de autoridades de la Nueva Mayoría objetando el pronunciamiento de la Comisión Interamericana, ejemplifica la baja razonabilidad de la norma aprobada por el Parlamento chileno, y el hecho de que parece efectivo que la vigencia de los derechos políticos y las libertades civiles va en retroceso en nuestro país.

 

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El Mostrador

(Fuente: El Mostrador)